1. Piña costarricense para el mundo.
 
El ingreso por ventas al exterior colocó a la piña por encima del tradicional cultivo de café ($253 millones en el 2007) y apenas por debajo del banano ($660 millones en el 2007) entre los bienes agrícolas.
Esta producción la llevan a cabo unas 31 empresas, de las cuales no se sabe con certeza si son individuales, divisiones de otras o empresas de un mismo dueño. Asimismo es comercializada por 7 grandes compañías, entre las que destacan DOLE, DEL MONTE, FYFFES, CHIQUITA
Los mercados de exportación de la piña costarricense están bastante diversificados, siendo los principales Estados Unidos y Europa. En el caso de Europa, Costa Rica exporta el aproximadamente el 38% del total consumido, unas 372 mil toneladas métricas, siendo por esto el mayor suplidor para el mercado europeo, arriba de los países asociados a la Unión Europea que exportan el 36% del total.

2. Costa Rica es uno, sino el más grande exportador de piñas del mundo. ¿A qué costo?
Este aumento enorme de área sembrada para satisfacer la demanda mundial acarrea problemas, que van desde lo ambiental, hasta lo económico, pasando inclusive por otros problemas sociales marcados en las zonas de producción, las cuales, en su expansión reciente, han tomado tierras del Caribe central y Norte del país.
Problemas como contaminación de aguas destinadas al consumo humano, contaminación en ríos, destrucción de bosques secundarios de manera indiscriminada, presión a pobladores para que vendan sus propiedades, problemas en el aumento de plagas como moscas, malos olores, desvío de aguas de ríos, aumento y proliferación de enfermedades respiratorias, de la piel y de articulaciones, son solo algunos de los efectos ya estudiados por varias organizaciones, entre ellas nuestra Asociación.
El problema central para ASEPROLA es el tema laboral: la necesidad urgente de trabajar de una población altamente deprimida de Costa Rica y una compleja población migrante interna y externa, hacen de este un tema particularmente delicado.
Largas jornadas laborales, contratos ilegales y en el mejor de los casos el uso de la contratación por medio de personas u organizaciones tercerizadoras (contratistas), la misma intolerancia empresarial hacia la posibilidad de asociarse en organizaciones laborales de trabajadores como sindicatos, hacen de esta actividad, en el tema laboral, una copia exacta de las condiciones precarias que viven las personas trabajadoras en las bananeras del país, asentadas en las mismas zonas de expansión.
Tanto es así que la misma lógica de producción, comercialización, exportación y distribución mundial de la piña, sigue el libreto de la actividad bananera.
Eso no es de extrañar pues son las mismas compañías transnacionales del banano las que llevan el grueso de esa actividad, tales como Chiquita, DOLE, Del Monte, por decir tres de las más fuertes y conocidas.
De la misma manera, la cantidad de insumos químicos utilizados para la producción de piña supera por mucho la utilizada en la producción bananera, por la particularidad de la fruta y su ciclo productivo, el cual se debe acelerar en función de la demanda mundial. Se considera que de cada tonelada de químico utilizado en la siembra de la piña, un porcentaje mayor al 60% va directamente al ambiente, el otro porcentaje de químicos quedan fijados en la fruta. La diferencia con los bananos es que por su estructura física, el banano finalmente no recibe en su pulpa comestible químico alguno, mientras que en la piña está claro que absorbe tales productos quedando impregnada en su cáscara y en su pulpa.
Por un lado, la contaminación ambiental ya está comprobada, evidente en la eliminación de bosques secundarios y de especies silvestres en las zonas de producciónl. Por otro lado la actividad intensiva de la recolección y empaque de la piña, está desarrollando enfermedades en las articulaciones de las personas, así como la exposición a los químicos produce enfermedades comprobadas en la piel y el sistema respiratorio.

3. La satisfacción del mercado mundial de la piña pasa por una producción que genera un caos generalizado
Esta lógica hace que los empresarios proveedores y las compañías trasnacionales, tengan poca o nula previsión con tales problemas sociales, de salud y ambientales, privilegiando la producción sobre la seguridad humana y ambiental.
Entonces, la lógica comercial indica que tal producción, no debería estar “amarrada” a algunas disposiciones tales como permisos “excesivos”, leyes fuertes, o presiones de personas u organizaciones. Este mismo pensamiento hace que tales estructuras productivas busquen mayores facilidades de producción que se convierten en las peores condiciones de manejo de personal, de manejo ambiental, etc. Es decir, se produce en tanto esta producción sea “beneficiosa” para la compañía y cuando se les exige que respeten derechos, su respuesta es ¡Cerramos!. Una estrategia tan vieja como la misma actividad bananera costarricense.
Es lógico, pues mitigar el impacto ambiental, gastar en infraestructura productiva, pagar salarios justos y respetar las prestaciones, la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, tal y como lo establece la ley, representa un gasto que afectará las ganancias de las compañías.
Por tanto, cuando la ley les impide una producción descontrolada y des-regulada cierran y se van; alegan en las comunidades y a la opinión pública nacional inseguridad jurídica, exceso de normas, excesivas cargas sociales: “no los dejan producir y su cierre es culpa de las organizaciones, personas y sindicatos “. Esta es la falacia más usada y más miserable que existe.

4. No se desea que las empresas cierren o que no ofrezcan trabajo, pero este debe ser acorde a la ley vigente y a las disposiciones ambientales, económicas y sociales
La producción de piña es una importante fuente de empleo en las zonas donde estas plantaciones se ubican, pero esa necesidad ha sido interpretada como un “permiso” para ignorar las leyes que exigen condiciones justas de remuneración y de seguridad social. Alguien indicó que la escogencia entre trabajo y derechos era lo que mandaba ahora, esa nefasta lógica implica que las personas deben escoger entre “trabajo” y “trabajo con derechos”.
Las organizaciones dentro del área de la producción nunca han deseado la pérdida de empleos, pero si un apego a las leyes laborales acompañado de un uso sostenible de la tierra, que no atente contra la salud humana, ambiental y ofrezca medidas claras de mitigación de impacto.
Si una empresa cierra sus operaciones, como está pasando en el Caribe costarricense, no es por la presión social, sino por el incumplimiento sostenido de las normas sociales y ambientales, contando en muchos casos con la complacencia de autoridades de entidades públicas, cómplices en unos casos, negligentes en otros.

5. La denuncia no desprestigia, el incumplimiento Sí. ¿Quién desprestigia a quién?
ASEPROLA reitera que el objetivo de las organizaciones denunciantes no es cerrar fuentes de trabajo o impedir las jugosas ganancias que tienen las empresas, y reconoce que el justo equilibrio entre ambas partes hace crecer social, económica y ambientalmente un país.
El viejo pretexto de que toda denuncia a la agro-exportación es producto de una campaña de desprestigio por parte de las organizaciones sociales no se hace esperar. Una reciente investigación realizada por OXFAM-Alemania, denuncia una serie de irregularidades, tanto en las plantaciones de piña como en las cadenas de comercialización. Se nos dice entonces, que las violaciones laborales comprobadas, las violaciones ambientales comprobadas, la evasión de la ley forestal, de aguas, la no-tenencia de estudios de impacto comprobados por autoridades serias e investigaciones serias, son una campaña de desprestigio, pero ASEPROLA sabe que en realidad el desprestigio es causado directamente por los violadores de la ley.
Entonces el desprestigio de una producción como la de la piña en Costa Rica no es causado por la denuncia social, sino por la empresa que incumple las disposiciones de la sostenibilidad económica, social y cultural del país. Pareciera que el desprestigio es directamente proporcional a la violación de las leyes por parte del empresario, pero este invierte la ecuación haciendo que las personas en el mundo crean que ello no cometen violaciones, sino que la sociedad no desea que el trabaje para desarrollar una región o país, lo cual es una falacia.
Por tanto, no salgan manifestando que hay una campaña de difamación, cubriendo así su violación, hagan lo que la ley manda y nadie les reprochara nada, que el desprestigio mundial lo construyeron, lo evidenciaron y lo perpetraron los que violan y no los que denuncian.

6. Mientras tanto, la piña se consume más en Europa y Estados Unidos y la población y más los supermercados, quizá sabiendo o sin saber, compulsan a las empresas a seguir con estas prácticas salvajes
Si Europa, en especial los consumidores finales y los vendedores minoristas (supermercados) de la piña, realmente están interesados en poner un alto a esta lógica de agresión social – ambiental, deberían tomar decisiones serias en torno a exigencias fuertes a las compañías que les proveen las piñas.
Se debería de solicitar que en las fincas, la producción de la piña se haga con una visión más sostenible, tanto ambiental como social, esto debería de certificarse mediante controles y verificaciones constantes con participación de las partes involucradas y en ningún modo, con las ya des actualizadas y poco creíbles certificaciones de “calidad social”,“ambiental” o “laboral”, que llevan a cabo compañías certificadoras que en algunos casos son formadas o dirigidas por las mismas compañías productoras y en todo caso, que no desean perder la posibilidad de certificar, no por que esto signifique un paso atrás en la defensa humana y ambiental, sino que les significa menos ingresos o su quiebra.
Se debería solicitar que las piñas que ingresen al los supermercados sean de fincas en donde los dueños y las mismas compañías, en ningún caso, violenten los derechos de las personas trabajadoras a tener una jornada laboral legal, un salario justo, a una contratación acorde a las leyes, a su seguridad social y su derecho a las prestaciones sociales. Nada que no sea lo que es estrictamente legal.
Se debería solicitar que en las fincas de piña que se produce para exportar hacia los minoristas europeos, sea totalmente comprobable el respeto de la ley nacional y los convenios internacionales en materia de derechos colectivos, de tal manera que las personas trabajadoras puedan decidir por su propia voluntad, crear su organización sindical, sin que medie en esto presiones, coacciones o despidos por un derecho consagrado en leyes nacionales y tratados internacionales firmados.
Las comprobaciones de estos seguimientos, deberá de llevarse a cabo en común acuerdo entre empresas productoras, organizaciones sociales y laborales y autoridades e instituciones especializadas. Así se garantiza que el producto final al consumidor tenga un sello de aprobación más creíble y satisfactoria.
Solicitar esto a una empresa es solicitar exclusivamente que cumpla con la ley actual. No se le esta solicitando siquiera que vaya “más allá” de eso, aunque si deciden hacer la llamada “responsabilidad social corporativa” que la hagan, pero antes deben de cumplir sus deberes legales.
La petición no es que se deje de comprar piñas, pues tampoco creemos que esto sea beneficioso para las personas que ya trabajan en nuestro país. Lo que queda es apelar a la voluntad de las personas consumidoras para que reflexionen críticamente sobre sus hábitos de consumo, y de los vendedores minoristas de las piñas en Europa, para que utilicen su fuerza consumidora en procura de cambiar las condiciones impuestas por las compañías transnacionales de la piña.

El fin es lograr que tanto la persona que produce la piña en el campo tenga posibilidad de darle a su familia una vida digna, como a la familia que consume en Europa, la tranquilidad de lo que se come no está siendo producido mediante la explotación de las personas y el daño al medio ambiente.